En Chile, durante los últimos veinte años, los y las estudiantes movilizadas han sido quienes han llevado la batuta respecto del desencanto y los cambios que se demandan en nuestro sistema político-económico, el que ha sido denominado como uno de los más sólidos de toda Latinoamérica. Han sido ellos y ellas, quienes han cuestionado los sistemas de educación, endeudamiento, cultura patriarcal, entre otras. [1]

Paralelo a esto, también hemos observado cómo ha existido un cambio importante en torno a la forma y fondo de las movilizaciones o protestas estudiantiles de secundarios, principalmente la puesta en escena de lo que se han denominado los ‘overoles blancos’, correspondiente a un pequeño grupo de estudiantes que, vestidos de overoles blancos o completamente encapuchados, han protestado en los alrededores de sus liceos, haciendo uso de bombas molotov. Es primera vez en la historia del movimiento estudiantil, que los jóvenes se desprenden de todas sus insignias y símbolos que los identifican como estudiantes secundarios. Por primera vez, la sociedad ha logrado desarraigar a los sujetos de toda comunidad. Probablemente la enorme frustración de no haber logrado la educación gratuita (demanda principal en las protestas del año 2011), ha calado en las nuevas generaciones. Esto ha impulsado (entre otras razones) mayor criminalización en las escuelas, a través de la ley instaurada el año 2018 denominada ‘Aula Segura’. [2]

Sin embargo, son estos mismos jóvenes, esta misma generación, que, ante el alza de la tarifa del transporte, respondieran con desobediencia civil, pasando por los torniquetes del metro, sin pagar, realizando evasiones masivas ¿Cuál fue la respuesta? Represión y criminalización.

Si bien ya existían campañas en contra de las evasiones al transporte público, aludiendo a que este actuar también provocaba un alza en los pasajes de los que ‘sí pagan’, o colocando torniquetes en las micros que dificultan enormemente el ingreso, el gobierno tuvo que acentuar su discurso y nuevamente hablar de las acciones de miles de estudiantes, como violentistas y delincuentes. A partir de esto, el día viernes 18 se fueron cerrando algunas estaciones del metro de Santiago, privilegiando la propiedad privada y no la circulación de las personas, lo que fue causando más rabia y organización. Las evasiones fueron sumando más y más gente. Más y más estaciones. Paralelamente, fuerzas especiales de Carabineros lanzaba lacrimógena en las estaciones y en los trenes del Metro. A partir de esto, la violencia creció, la rabia se desató y comenzaron los múltiples actos de violencia, que para algunos muestran el completo descontento y recuperación de los abusos ejercidos durante años, y para otros, actos desmedidos, simplemente ‘lumpen’.

Ese mismo día en la tarde, el metro cierra todas sus puertas, de las siete líneas no había ninguna disponible. Esto significó que el principal transporte de Santiago dejó de funcionar, y con ello, miles de personas tuvieron que estar en las calles caminando por horas para llegar a sus casas. De esta manera, junto con los jóvenes y la gente que no encontraba transporte, comenzaron las protestas en las calles. La injusticia y la desigualdad aparecían como conceptos tan evidentes en ese momento, detonados por el alza del pasaje. Todo lo anterior tuvo como consecuencias que, ante la superación de la fuerza policial por las protestas, sumado a la tozudez del ejecutivo de dialogar y parar el alza. Se invoca a la ley de seguridad del Estado, posteriormente se establece el Estado de Emergencia en algunas provincias y comunas de la Región Metropolitana, y con ello el General de división Javier Iturriaga como jefe de la defensa nacional, que en términos concretos se materializa con los militares en las calles y la instauración de toque de queda.

En consecuencia, una infancia y juventud que creció en la desigualdad, en la ausencia de una educación gratuita y de calidad, en la excesiva primacía del mercado sobre los derechos sociales. Una juventud que se incubó en el consumo; otra, en la rabia social. A pesar de esto, fueron ellas y ellos quienes incitaron a que hoy, parafraseando a los y las manifestantes, ‘Chile despertara’.

Las generaciones que le anteceden a ratos no entienden, pero valoran, cómo los jóvenes han podido estar cara a cara con los militares, cómo el toque de queda no es significado de encerrarse en las casas. La dictadura cívico-militar iniciada en 1973 remece las memorias colectivas, las torturas y desapariciones. A pesar de esto, nace una generación que está protestando con militares y armas en las calles.

Después no nos preguntemos por qué los jóvenes ya no se identifican con nada ni nadie, por qué no votan, por qué la violencia en las calles. Después de vivir estos días, nacen nuevas generaciones. Una niñez que escuchó del propio presidente que Chile ‘está en guerra’, y una juventud en las calles protestando con militares y fuerzas especiales, por la desigualdad que se acrecienta cada vez más en nuestro país.

Referencias:

[1] Las principales explosiones estudiantiles en Chile han sido las del 2006 (Revolución Pingüina), 2011 y el 2018 con las marchas y protestas feministas.
[2] Mayor profundidad https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/10576/Ley-Aula-Segura-explicada-con-peras-y-manzanas/