La Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, en conjunto con la Universidad Abierta de Recoleta y la Red de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, manifiestan su preocupación y declaran inaceptable que se quiera tramitar un proyecto de ley de migraciones bajo las presiones del Ejecutivo para publicarlo con una rapidez que no da cuenta de la importancia de dicho proyecto cuando se trata de establecer el piso de garantías institucionales y legales para la protección de las y los trabajadores migrantes.

La pandemia del Covid-19 no afecta a todos los sectores sociales de la misma manera, más allá del cumplimiento o no de las medidas de cuidado para enfrentar esta crisis sanitaria. La disparidad proveniente de una desigualdad estructural, construida históricamente, afecta física y socialmente a personas de los sectores más excluidos, entre quienes se encuentran muchos(as) migrantes que carecen de las condiciones mínimas que permiten moverse, abastecerse, trabajar, cuidarse, hacer de sus viviendas un lugar de resguardo o tener conexiones que restrinjan sus desplazamientos y eviten el hostigamiento de los agentes del orden. También, como parte de este cuadro de exclusión, hay migrantes que viven en sectores afectados por la escasa circulación de provisiones y de dinero en efectivo debido al cierre de las sucursales bancarias y de abastecimiento. Esto se agrava debido a que muchos no poseen cédula de identidad o no han podido tramitar sus documentos de regularización.

En este contexto, la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, en conjunto con la Universidad Abierta de Recoleta y la Red de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, manifiestan su preocupación y declaran inaceptable que se quiera tramitar un proyecto de ley de migraciones bajo las presiones del Ejecutivo para publicarlo con una rapidez que no da cuenta de la importancia de dicho proyecto cuando se trata de establecer el piso de garantías institucionales y legales para la protección de las y los trabajadores migrantes. Más grave aún –sospechoso, incluso- es que esta urgencia haya sido puesta justamente cuando el escrito recién ha ingresado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para ser examinada, pues el proyecto de ley mantiene problemas serios en cuanto a la condicionalidad y discrecionalidad otorgada al gobierno central y policías a la hora de entregar acceso a derechos fundamentales como salud, trabajo y debido proceso.

Entre la gran cantidad de problemas que presenta el proyecto de ley existe uno que es necesario y urgente denunciar: la no entrega de soluciones para la irregularidad migratoria, más allá de la prohibición de ingreso o expulsión. ¿Qué pasará entonces con las cientos de personas que esperan una respuesta para iniciar o continuar con la tramitación de sus papeles migratorios? El proyecto de ley restringirá el cambio de visa de turista a visa temporal al interior del país y propone, de este modo, la normalización de las visas consulares, cuyas tramitaciones suelen ser largas y complejas, y afectan el derecho a la unidad de familiar de las personas migrantes.

A través de la campaña La humanidad somos todes hacemos un llamado a las y los senadores del Congreso Nacional y a la opinión pública a informarse y analizar con detención el proyecto de ley y preguntarse si la restricción y la prohibición son realmente la mejor fórmula para detener la irregularidad migratoria en Chile. Como grupo de académicos y académicas, organizaciones sociales y gobierno local señalamos que esto no será así, pues las investigaciones y los datos han demostrado que la irregularidad migratoria ha tendido a aumentar a medida que se ponen más obstáculos en los procesos de ingreso y regularización al país. Además, el enfoque restrictivo, al omitir la existencia actual de migrantes en condición de irregularidad migratoria en el país y no entregar ninguna medida eficiente y eficaz para resolver el problema de los documentos de identidad, abre la puerta a futuras vulneraciones de derecho una vez publicado el nuevo marco legal. ¿Qué pasará entonces con los hombres, mujeres, niños y niñas en situación migratoria irregular que residen en Chile actualmente? ¿Comenzaremos a expulsar niños y niñas porque no tienen documentos al día? ¿O los separaremos de sus familias porque sus padres no tienen el carnet chileno? ¿Qué pasará con las mujeres embarazadas en control gestante o con los pacientes crónicos en tratamiento que no tendrán pleno acceso a la salud en sus países de origen?

El racismo institucional que tanto nos preocupa por su impacto sobre el conjunto de la sociedad se verá reforzado con el marco jurídico que se está proponiendo y debe ser modificado. Con este nuevo proyecto es fácil quedar en situación de irregularidad, incluso ya teniendo documentación del país; sabemos lo difícil que resulta costear multas y salir de esa situación. Se vuelve necesario que el proyecto de ley considere compromisos de integración e inclusión de las personas migrantes, más allá del control migratorio, con el propósito de reducir la irregularidad migratoria y darle a todos los y las trabajadoras migrantes el acceso incondicionado a derechos fundamentales que les permitan no caer en situaciones de explotación y precariedad laboral y habitacional. Asimismo, debe incentivar su protección y cuidados en los tiempos de crisis que estamos viviendo. Las migraciones son parte de las sociedades y nutren las democracias. Cuidémonos entre todes para sobrevivir tiempos difíciles.

¡No a la criminalización de la irregularidad migratoria!
¡Protección e igualdad ante la ley para las y los trabajadores migrantes y sus familias!
¡Fin al racismo institucional en la legislación migratoria!