El proyecto de la Escuela Nacional Unificada, conocido por su acrónimo “ENU”, fue, durante la dictadura civil militar, y de manera especialmente enconada, objeto de calificativos que le atribuían todo el espectro posible de demonización; algo así como el apocalipsis marxista. Aquí revisamos qué fue exactamente ese proyecto de transformación y democratización de la educación, así como los fundamentos de su vigencia.

Por Christian Reyes, director área académica UAR

Hace cincuenta y tres años, el Programa básico de gobierno de la Unidad Popular sostenía que, para las profundas transformaciones que ese gobierno pondría en marcha, era imprescindible “un pueblo socialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender su poder político” (Municipalidad de Recoleta, 2023, p. 35). Agregaba el mismo documento que la acción gubernamental estaría orientada a “entregar las más amplias y mejores oportunidades educacionales” (p. 36).

Hoy, más de medio siglo después del diagnóstico que dio origen a las necesidades expresadas en esos enunciados, es evidente que fuerzas políticas, sociales y mediáticas conservadoras favorecen un pueblo ignorante de sus derechos, deberes y de su poder como tal, y que en la base de esa finalidad se encuentra un sistema educacional crecientemente segregado y al servicio de la mera reproducción de la hegemonía cultural del neoliberalismo. Se trata, al decir del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, de que “La cultura en la que estamos embebidos, de la cual estamos rodeados, solo es funcional a la multiplicación de la ganancia y la acumulación individual” (Alvídrez, 2023, p. 81). A poco más de un mes de haber asumido su cargo, el Presidente Salvador Allende se dirigía en estos términos al inaugurar trabajos voluntarios de la juventud (las negritas son nuestras):

Pretendemos, lo hemos expresado reiteradamente, un desarrollo económico que dé riquezas, que impulse el progreso del país. Pero un desarrollo económico que implique un régimen social más justo, que dé al hombre más libertad al garantizar su existencia al margen de los riesgos de la vida (…), vale decir, garantizándolo contra la enfermedad, la cesantía, la incultura, la falta de vivienda de salud de recreación y de descanso (Fundación Salvador Allende, 2020, p. 39).

Así, los principios o tesis de la acción cultural y educativa del gobierno de la UP se pueden definir en “independencia y afirmación de los valores nacionales; pluralismo ideológico y democratización; desarrollo económico, social, cultural y tecno científico (sic); humanismo social y crítico; planificación; unidad” (Arteaga, 2023, p. 16). 

Apenas una somera mirada a la realidad cultural y educacional del Chile actual permite darnos cuenta de que aquellas tesis no han hecho sino reforzar su vigencia. El golpe civil militar de 1973, la dictadura a la que dio origen y las tres décadas siguientes que poco hicieron por alterar el modelo heredado, levantaron un dique infranqueable al proceso de cambios que, especialmente en educación, venía gestándose aun desde antes del Gobierno Popular en la sociedad chilena. 

Pero no solo era un clamor popular chileno la necesidad de cambios sustantivos en el sistema educacional; el llamado “Informe Fauré” de la UNESCO, en 1971, hace recomendaciones que están en plena sintonía con los principios inspiradores de la Reforma Educacional de la UP, fundamentalmente “sacar del aislamiento a la escuela incorporando su trabajo al quehacer de la comunidad (…) un proyecto de escuela cuya esencia consistiera justamente en el intento de unir a la escuela con la comunidad en la que está inserta” (Arteaga, 2023, p. 43).

Así, el gobierno de Salvador Allende concibe y propone la Escuela Nacional Unificada (ENU) como la nueva forma de organización escolar, en la cual se expresen los principios aludidos más arriba y, desde luego, el compromiso señalado en el programa de gobierno.

Cabe mencionar que la noción de sistema “único” se explica en la unidad y armonía requerida por el desarrollo psicosocial y biológico de cada persona. Por su parte, el carácter de nacional lo daba su origen en el esfuerzo intelectual, social y material de las y los chilenos, de lo cual, a su vez, derivaban dos consecuencias: primero, el sistema debía ajustarse a las condiciones de cada región del país y, segundo, requería inexcusablemente ser formulado a partir de la más amplia y pluralista participación ciudadana.

Desde una mirada panorámica, pueden reconocerse tres momentos en el proceso vinculado a la ENU como parte de la gestión del Gobierno de la Unidad Popular: a) Congreso Nacional de Educación (CNE); b) el Decreto de Democratización de la Educación; c) todos contra la ENU y el Golpe.

1. Congreso Nacional de Educación (CNE). Como expresión de la voluntad del Gobierno Popular para que las disposiciones de la ENU surgieran efectivamente de la más amplia participación ciudadana, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, en conjunto con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Central Única de Trabajadores (CUT), y otros organismos representativos de estudiantes, padres, madres, apoderados y de instituciones educativas privadas, convocaron en septiembre de 1971 a la realización de un Congreso Nacional de Educación. Este tuvo como fundamentos temáticos los derivados de los congresos locales y provinciales desarrollados ese mismo año, y que el Ministerio de Educación sintetiza y que confluyen en la Escuela Nacional Unificada como institución representativa de la nueva educación.

Entre el 13 y el 16 de diciembre de 1971 se llevó a cabo el mencionado Congreso en Santiago. El entonces Superintendente de Educación, Iván Núñez, en un ensayo de su autoría sobre este proceso releva esta instancia en una doble perspectiva; por una parte, su valor  democrático: “Por primera vez un gobierno chileno hacía posible que una amplia reunión representativa, no solo de los docentes sino de otros sectores como los estudiantes, padres de familia, trabajadores, vecinos, etc., de diversas tendencias ideológicas, propusiese las líneas fundamentales de una política educacional” (2003, p. 25). Por otra, como reflejo de un estado social y político: “el Congreso fue expresivo de la intensa movilización social y política que vivía el país, con amplia posibilidad de opinión y crítica y también con desbordes de sectarismo, verbalismo, intolerancia” (p. 25). Con todo, los debates de las y los delegados -quienes, en total, sumaron alrededor de mil representantes- dieron como resultado un amplio apoyo a la reforma planteada por el gobierno e instaron a iniciar las acciones que llevaran a su efectiva y pronta realización. Para esto, el Ministerio de Educación Pública debía articular el proceso de democratización de la educación en todos los niveles y dependencias del sistema y elaborar el proyecto que permitiera erigir y poner en marcha la ENU. Nada de esto fue posible en el corto plazo como se esperaba; durante 1972, las organizaciones estudiantiles de oposición -FESES y FEUC- lograron alterar los procesos educativos, al punto que las autoridades tuvieron que ocuparse de asuntos de la contingencia que impidieron continuar con la reforma. A esto se suma -como era de esperar- El Mercurio, medio que dedica decenas de editoriales a tratar de impedir el Congreso y, posteriormente, a denostar su primer efecto: el Decreto de Democratización de la Enseñanza.

2. Decreto de Democratización de la Enseñanza. En efecto, el 30 de octubre de 1972, el Mineduc envía a la Contraloría General de la República (CGR) el cuerpo legal mediante el cual se inicia el proceso de implementación de la ENU. Así lo resume Arteaga:

El Decreto de democratización de la educación significa el intento de un camino legal e institucional para la transformación del aparato estatal desde su forma tradicional, autoritario-burocrática, a la forma participativa y democrática. (…) abre el sistema de gobierno educacional a la participación de la comunidad organizada a todos los niveles (…) implementa una dirección colegiada de los establecimientos educacionales con la participación de la comunidad educacional y las organizaciones comunitarias (…) desburocratiza todo el aparato de dirección educacional (…) (2023, pp. 89-91).

La CGR rechaza el Decreto y se ampara para ello en que este incide sobre atribuciones y funciones fijadas por ley y que, por lo tanto, solo una disposición legal -y no un decreto ejecutivo- puede modificar. El principal sustento argumentativo de la CGR es el artículo 4° de la Constitución de 1925, vigente en ese entonces: “Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo.” (bcn.cl, s.f.). Resulta al menos trágicamente paradojal cómo las “instituciones permanentes”, pocos meses después, hicieron caso omiso de lo que al señor contralor de la época le pareció tan sustantivo para oponerse al intento de democratizar el sistema educacional.

3. Todos contra la ENU y el Golpe.

El gobierno optó por retirar el decreto rechazado y enviar uno “nuevo” que acogía la tesis de la CGR, de modo que los organismos esenciales para la democratización quedaron reducidos a meros órganos de consulta que, por lo tanto, poco o nada incidirán en los cambios profundos que se buscaban. ¿Por qué no acudir a un proyecto de ley? Bien sabía el contralor que esto significaba enviar el proceso a su hibernación segura, si es que no a su muerte sin prisa ni pausa. La mayoría del entonces Congreso Nacional ya había asumido y transparentado su posición reaccionaria. Así, el 12 de abril de 1973, el Decreto de Democratización de la Enseñanza, en su versión “deslavada”, se publica en el Diario Oficial. 

Pero la lucha por la transformación educacional no estuvo -ni está- terminada. En febrero de 1973, la Superintendencia de Educación envía al Consejo Nacional de Educación el informe-proyecto sobre la ENU a base de lo que acordó el Congreso realizado en 1971. El informe contiene la intención de llevar adelante la implementación de la ENU y establece un lapso de cuatro años para su puesta en marcha; agrega que la ENU abarcará la Educación Parvularia, la Educación General y la Politécnica y que su forma orgánica serán los denominados “Complejos Educacionales” (especie de administraciones locales del sistema). 

Tan solo estos pasos, que reflejaban la efectiva voluntad del gobierno de la Unidad Popular para concretar parte de sus promesas electorales, fueron suficientes para que la ENU se transformara en el trofeo de caza predilecto de la oposición. Por supuesto, esto se explica porque el cambio en ciernes iba dirigido nada menos que hacia el baluarte del orden oligárquico y conservador: la educación. No es extraño, entonces, que desde prácticamente todas las esferas reaccionarias la ENU fuese llevada al paredón, en aras de la así llamada “libertad de enseñanza” y otros derivados igualmente falaces. En suma, la oposición centró sus ataques en los aspectos ideológico-políticos del Informe, llegando a afirmar -como lo anota Núñez (2020, p. 58)- que la ENU intentaba “envenenar las mentes de la niñez y la juventud”, e incluso, “destruir la familia”.

La Iglesia Católica, sectores militares y defensores de la educación privada se sumaron al coro de descalificaciones sobre el proyecto. Por su parte, El Mercurio no solo continuó, sino que acentuó su virulencia contra la iniciativa. Medio centenar de artículos y editoriales dan cuenta de ello entre febrero y agosto de 1973 (Arteaga, 2023, pp. 156-157). Especialmente ilustrativo de esta imbricación sediciosa político-mediática es el episodio que Arteaga narra en su ensayo (2023): el entonces senador del Partido Demócrata Cristiano, Juan de Dios Carmona, declaró -en El Mercurio, desde luego- que, si se implementara la ENU, los futuros alumnos de las Escuelas matrices de las FF.AA. vendrán de ella y serán, por ende, el germen soñado de los marxistas para la destrucción de las mejores tradiciones (profesionalismo y no deliberación) de esos cuerpos armados (argumento risible que se transformó en chiste cruel, vista la masacre que se venía forjando).

El abril de 1973, el Consejo Nacional de Educación hizo pública su decisión de ampliar los plazos de implementación de la ENU y de abrir un lapso de debate participativo al respecto; por su parte, el gobierno acogió estas decisiones, anunció que no perseveraría en aplicar en el breve plazo el proyecto y que, si fuera necesario, las implementaciones se realizarían mediante proyectos de ley. Esto, como ya se ha dicho, significaba, en la práctica, una incierta pausa para la continuidad del proyecto; menos de cinco meses después, el 11 de septiembre de ese año, quedaría claro que la pausa iba a ser un punto final.

Punto final para la ENU en los términos concebidos para su época, pero de ningún modo el término de los principios y fundamentos de ese proyecto del gobierno de la Unidad Popular. Porque, a 50 años del Golpe que cercenó ese y otros sueños, los principios de una educación para todas y todos, democrática, no entregada al mercado y transformadora de lo social, siguen más vigentes que nunca. Es, de hecho, en buena medida, lo que se expresa en la fundación y acción de la Universidad Abierta de Recoleta.

Referencias

Alvídrez, Saúl (2023). Chomsky y Mujica. Sobreviviendo al siglo XXI. Santiago de Chile: Penguin Random House Grupo Editorial.

Arteaga, José Miguel (2023). La reforma educacional de Allende. A 50 años del golpe. Santiago de Chile: RIL Editores.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (s.f.). Constitución Política de la República de Chile – 1925. En https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=131386&idVersion=1925-09-18

Fundación Salvador Allende (2020). Salvador Allende: Palabra y acción. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Municipalidad de Recoleta (2023). Programa básico de gobierno de la Unidad Popular. Recoleta, Chile: Odisea Libros, Editorial Popular de Recoleta.

Núñez P., Iván (2003). La ENU entre dos siglos. Ensayo histórico sobre la Escuela Nacional Unificada. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Universidad de Chile (2020). Informe sobre la Escuela Nacional Unificada. En Revista Anales, N°18. Santiago de Chile: VEXCOM.