El 11 de julio de 1971, proclamado por el presidente Salvador Allende como el Día de la Dignidad Nacional, el Parlamento aprobó, por votación unánime, la Ley Nº 17.450 que hizo posible la nacionalización del cobre, la transformación estructural de mayor importancia histórica en nuestro país, que formaba parte del programa de la Unidad Popular. Este señalaba que una primera medida para transformar la economía era nacionalizar “aquellas riquezas básicas, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, que están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos…”.

En esa ocasión, el presidente Allende declaró solemnemente: «Chile va nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano. Acto soberano que incluso está consagrado en las resoluciones de las Naciones Unidas, que establecen que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas básicas». En la tarde del 11, en una multitudinaria concentración en Rancagua, afirmó que era el Día de la Dignidad Nacional, el inicio de la independencia económica y política, resultado de una larga lucha de las fuerzas populares para recuperar para Chile el cobre; la acción del pueblo y sus partidos fue creando la conciencia para ello.

Tan internalizada en la conciencia popular estaba la demanda de nacionalización que el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva llevó a cabo la llamada “chilenización del cobre”, medida muy insuficiente y que perjudicó el interés nacional en beneficio de las empresas norteamericanas. A la empresa Anaconda, a cambio del 51% de las acciones, se le pagó 175 millones de dólares, en circunstancias que el valor libro de toda la empresa era 181 millones de dólares. La administración quedó en poder de los americanos, a pesar del 51% que tenía el Estado chileno. Las inversiones iniciales de las empresas norteamericanas se apreciaron en 50 y 80 millones de dólares. Entre 1930-1970 las utilidades de las empresas alcanzaron a 1.576 millones de dólares, y los valores no retornados 2.673 millones de dólares.

Tras la chilenización, entre 1965 y 1970, para aumentar su rentabilidad, las empresas hicieron una explotación irracional de los yacimientos, obteniendo más utilidades que antes de la chilenización. Allende había encargado un estudio sobre el estado de los yacimientos a una firma francesa y a técnicos de países socialistas, que informaron de minas floreadas, refinerías y plantas obsoletas, caducas, mal conservadas, con gran necesidad de inversiones.

La Unidad Popular en cambio se proponía nacionalizar la gran minería, recuperar para el Estado la propiedad de la riqueza minera que solo entregaría en concesión, y convertir el cobre en elemento central articulador de la economía chilena en la economía mundial, y factor principal en la generación de divisas y en la construcción y funcionamiento de un gran polo de desarrollo: refinación, industrialización, utilización de subproductos, tecnología aplicada, investigación, industrias asociadas (proveedores de insumos, construcción de maquinarias, etc.).

La regresión durante la dictadura

Debido al carácter categórico de la propiedad estatal de los yacimientos mineros establecido por la nacionalización de 1971, la dictadura se vio obligada a mantener los principios constitucionales promulgados por el Presidente Allende: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles…”.

Pero al mismo tiempo, Pinochet dictó normas sin precedentes en la legislación internacional que entregaron en “concesión plena” nuestras reservas al capital transnacional, convirtiéndolas en su virtual propiedad, que pueden comprar y vender, exigir al Estado el pago total del valor comercial de las reservas en caso de renacionalización, explotar sin límite, sin pagar casi nada en renta e impuestos, incluyendo la entrega del 10% de las ventas a las FF.AA., que sólo grava a Codelco. Normas todas inmodificadas por los gobiernos de la Concertación.

Usando estas normas, las transnacionales se apoderaron de los nuevos yacimientos que debieron ser de reposición de Codelco, y pasaron a controlar el 70% de la producción de cobre. Tuvieron libertad para exportar mineral concentrado, lo que ocasiona grandes pérdidas al país en materias de impuestos, fuentes de trabajo e ingresos en divisas. La refinación en Chile produciría nuevas inversiones en generación eléctrica, servicios bancarios y seguros, nuevas construcciones, vías de transporte, puertos, elaboración de subproductos, servicios de ingeniería y otros.

La caída del precio del cobre durante años tuvo origen en la sobreproducción mundial creada desde Chile por las transnacionales, las que no se vieron afectadas por el bajo precio, pues forman parte de conglomerados internacionales que al mismo tiempo refinan e industrializan el cobre fuera de Chile, y además su tributación es casi nula y el pago por la concesión de la explotación prácticamente inexistente.

Orlando Caputo y Graciela Galarce mostraron el proceso de desnacionalización progresivo, tanto bajo la dictadura, con su Código minero que permitió el regreso del gran capital privado internacional, como con la Concertación, que no limitó dicho ingreso ni expandió con mayor fuerza a la estatal Codelco. Mientras el Estado controlaba en 1973 el 94 % de la minería del cobre, ya en el año 2007 era sólo un 31 %.

En el estudio “Nuevas estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre: Chile 2005-2015”, los autores Ramón López, Gino Sturla, Simón Accorsi y Eugenio Figueroa, de la Universidad de Chile, plantean que las diez empresas del sector de la Gran Minería, excluido Codelco, han obtenido una renta económica de US$120 mil millones, equivalente al 45% del PIB de 2014, en el decenio 2005-2015; y una rentabilidad del 85% sobre el capital invertido, que no obtiene ningún negocio lícito, considerando que en el mismo período los cuatro principales bancos tuvieron una rentabilidad del 24% sobre el capital, y las seis AFP, del 26%.

Patricio Meller, economista vinculado a la Democracia Cristiana, constató la paradoja que mientras Allende implementó la nacionalización del cobre, el Estado obtuvo una baja recaudación debido a la disminución del precio internacional y como resultado de los litigios de las empresas norteamericanas contra el Estado chileno. En los primeros 6 meses del gobierno popular bajó desde 61 centavos promedio en los 6 años anteriores hasta 50 centavos. Pero después del golpe, la dictadura pudo disponer de diez mil millones de dólares entre 1974-1987, constituyéndose en el sostén de la economía y del gobierno en medio del descenso al mínimo de los impuestos a las empresas privadas.

En el año 2012, la estatal Codelco, con el 30% de la producción de cobre, aportó 10 mil millones de dólares en un año al Estado, mientras las privadas, con el 70%, sólo 5 mil millones en impuestos. Si Codelco hubiese mantenido la supremacía con un buen manejo y una cartera de inversiones, habría aportado sobre 30 mil millones de dólares anuales al Gobierno chileno.

La nacionalización del cobre tuvo enorme impacto económico, y hasta hoy sigue produciendo importantes recursos para Chile. Pero demostró además, en medio de la guerra de Estados Unidos, que los obreros y profesionales chilenos eran capaces de sobreponerse y administrar la industria del cobre, pues la nacionalización provocó una estampida de ingenieros y directivos americanos y de otras nacionalidades.

A pesar que las transnacionales controlan el 70% de la producción de cobre, la empresa estatal Codelco ha sufrido permanentemente arremetidas privatizadoras de los sectores neoliberales de la derecha y de la Concertación, que se han manifestado de variadas formas, entre ellas la falta de inversión y el ahogo económico.

Cobre y Litio

En los últimos años se ha venido haciendo evidente que junto a nuestra riqueza cuprífera, Chile posee una de las más mayores reservas de litio del mundo, mineral que se ha convertido en un elemento clave en numerosas aplicaciones, algunas de ellas de alto nivel tecnológico, como baterías, aleaciones, cerámicas y como generador de tritio en reactores de fusión nuclear, así como en la industria química y farmacéutica, por lo que su demanda ha crecido de modo exponencial, principalmente debido a sus aplicaciones energéticas. Actualmente sus usos incluyen las energías renovables -en la fabricación de baterías para almacenamiento eléctrico de energía solar- y en la implementación de redes eléctricas inteligentes, base para el desarrollo de las ciudades del futuro.

Quizá lo más visible es la conversión acelerada de la industria automotriz mundial hacia autos eléctricos e híbridos, lo cual eleva exponencialmente la demanda de litio y, no menos importante, de cobre, pues cada uno de estos vehículos contiene aproximadamente 33 kg de cobre más que un auto convencional, y un automóvil totalmente eléctrico contiene 60 kg adicionales.

Afortunadamente, la importancia que el país haga soberanía sobre tan importante riqueza, ha sido comprendida por un amplio espectro de fuerzas políticas y sociales, académicos, intelectuales, institutos de investigación científica, que desde hace años reclaman que el Estado chileno asuma su control y revise los contratos de Corfo con Soquimich, cuya propiedad la entregó el dictador a su yerno Ponce Lerou, y con otras empresas privadas. Asimismo, exigen declarar al litio como mineral estratégico no concesible y reservar al Estado su explotación, y la creación de una Empresa Nacional del Litio.

Ya en 2016 se definió una política nacional del litio y se encomendó a Codelco la explotación del mineral, y más recientemente, el gobierno actual anunció y puso en marcha una estrategia nacional que incluye la creación de la Empresa Nacional del Litio. Como en el caso del cobre, ya no se trata de seguir exportando materias primas, sino hacia la instalación de una industria que elabore productos con alto valor agregado, elevando la investigación, priorizando productos manufacturados, procurando menos extracción, para obtener mejores ingresos y mejores empleos. Con un rol protagónico del Estado, y con convenios con argentinos y bolivianos, que han venido logrando avances importantes en esta industria.

Hoy emerge con más fuerza que nunca el carácter revolucionario y soberano de la nacionalización del cobre, que efectivamente se transformó en la viga maestra de la economía, cuyos efectos positivos en el desarrollo económico perviven hasta hoy. Sin embargo, tanto con el cobre como con el litio, es de plena justicia la exigencia de soberanía plena. Recuperar la propiedad de los yacimientos de la Gran Minería del Cobre, de forma de hacer real el artículo 1 del mismísimo Código de Minería de la dictadura, así como el inciso sexto del N° 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, que reza: «El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas».

Óscar Azócar
Coordinador programa conmemorativo 50 años UAR