A nivel internacional, cada 15 junio se conmemora el Día de la Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, iniciativa que impulsa la Asamblea General de Naciones Unidas desde el año 2006, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta temática, pero sobre todo concientizar del daño que se les puede generar a las personas mayores, especialmente en los entornos familiares.
Sin embargo, poco se habla del maltrato estatal consecuencia del viejismo estructural, entendido como todas aquellas políticas, prácticas o normas sociales discriminatorias, ya sean explícitas e implícitas, que merman los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de las personas mayores.
Uno de los derechos fundamentales vulnerados en este grupo etario es el derecho a la salud mental. En Chile, un 30,7% de las personas mayores refiere síntomas depresivos según la Encuesta de la Calidad de Vida en Vejez 2019 y se ha observado un alza del 3,7% en comparación con el año 2016.
En contexto de crisis sanitaria, el grupo de sesenta años y más se ha visto igualmente afectado: un 25,6% reporta síntomas depresivos moderados a severos según la Encuesta Termómetro Social 4 del 2020.
Por otro lado, estudios han señalado que la población con diagnóstico psiquiátrico presenta un mayor riesgo de suicidio, entre seis y veinte veces más que la población general. En nuestro país, las personas de ochenta años y más son las que más se suicidan, especialmente los hombres, llegando a 17,7 por cada cien mil habitantes, seguido por el grupo de setenta a setenta y nueve años con 15,4, muy por sobre el promedio nacional de 10,2.
A esto, se le suma la inexistencia de una ley que aborde de forma integral e intersectorial la salud mental. Desde el año 2016 está en tramitación un proyecto de Ley sobre Salud Mental, el cual recién en marzo de este año se aprobó y debiese promulgarse prontamente. A modo de resumen, este proyecto propone “reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o psíquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile”. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas. Sin embargo, no se contempla de forma directa a las personas mayores, lo que perpetúa la invisibilización de los problemas de salud mental de este segmento y, a su vez, desconoce los principios de universalidad y equidad tan necesarios.
Es así como la redacción de la Nueva Constitución surge como una oportunidad para incorporar garantías que hasta ahora no se encuentran de manera explícita en la Carta Magna, pero que, si contempla la normativa vigente como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que señala que “la persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación” (Artículo 19, Derecho a la salud).
Aunque, es importante destacar, que no solo se necesita un aumento de los recursos destinado a salud mental, el que actualmente está ubicado cerca del 2,2% (que no alcanza ni la mitad del 5%, piso mínimo establecido por la Organización Mundial de la Salud). Creemos que urge una transformación profunda en el modelo psiquiátrico que predomina hoy en Chile.
Cambiar el modelo biomédico donde se abusa de la medicalización sin atender el real origen del malestar y sufrimiento psíquico: una realidad social y económica desigual. Muchas de las patologías relacionadas con la salud mental tienen su origen en las dificultades de adaptación a un ‘medio hostil’, por lo cual urge atender los condicionantes sociales de la salud mental, es decir, aquellos factores no médicos que influyen en los resultados de salud e incluye el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que dan forma a las condiciones de la vida diaria en las que las personas nacen, viven y envejecen. No da lo mismo ser mujer, mayor, analfabeta, pobre, de una orientación sexual disidente, migrante o habitar en la periferia.
Por último, aunque no menos importante, creemos que estos cambios deben tener a la base un cambio en el imaginario social que tenemos de las personas mayores, el cual está relacionado con la enfermedad, la dependencia, la asexualidad, entre otros. Romper con el trato paternalista, condescendiente y violento. Transitar hacia una cultura del Buen Trato, poniendo en el centro a las personas mayores en su diversidad y singularidad, reconociéndolas como sujetos de derechos y no objetos de caridad y sobreprotección.
Derribar finalmente el viejismo estructural que permea cada rincón de nuestra sociedad y que encarna un clima sociopolítico que des empodera a las personas mayores de hoy, pero que, si no lo cambiamos, también lo hará con las del mañana. Esperamos firmemente que la Nueva Constitución garantice estos derechos para que finalmente podamos decir que vivimos en un país inclusivo, solidario y generativo en todos los ámbitos, en donde la edad no constituya un motivo de discriminación. ¡Vamos por una Nueva Constitución geroactivista en donde la salud mental sea un derecho!
Agnieszka Bozanic
Psicogerontóloga
Presidenta Fundación GeroActivismo
Consejera del Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la UAR
