Dentro del mundo académico de los estudios sobre el desarrollo, el concepto de ‘cambio transformacional’ es importantísimo, porque es aquel en el que un grupo de personas se sumerge en su sistema de creencias, valores o principios más profundos para cambiar una realidad o situación de raíz. Chile se encuentra hoy en un proceso de cambio transformacional que no solo es profundo, sino que es también contradictorio. El estallido social fue una crisis que nos obligó como sociedad a cuestionarnos de manera profunda el modelo bajo el que hemos vivido los últimos treinta años y que ha desencadenado un malestar profundo en la sociedad chilena. Sin embargo, es al mismo tiempo, un neoliberalismo que se ha impregnado culturalmente en nosotros. Desaprender el sistema socioeconómico hegemónico y crear uno nuevo es, sin duda, verdadero ejercicio de imaginación política. Hoy, ese proceso creativo, se encarna principalmente en la Convención Constitucional y en el ejercicio de su labor: escribir una nueva carta magna para Chile.

Una recopilación de los hechos

Los últimos dos años en Chile han sido intensos. El estallido social que comenzó en octubre del año 2019, no solo dio cuenta de la profunda desigualdad que sentía la gran mayoría de las personas que habitan Chile, sino que además cuestionó un modelo económico y social que se nos había impuesto durante la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. Las manifestaciones sociales, sin embargo, no son nuevas en nuestra historia reciente. La ‘Revolución pingüina’ (2006), en la que las y los estudiantes de secundaria ocuparon muchísimos establecimientos de educación pública a lo largo de Chile fue solo el inicio de varias oleadas de protestas. Seguiría a aquella ‘Revolución pingüina’, el gran movimiento estudiantil durante el año 2011, ahora protagonizado por universitarios, del que emergieron figuras que renovarían el panorama político nacional como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, actual candidato a la presidencia de Chile. Solo en los últimos años, hemos tenido múltiples manifestaciones por temáticas medioambientales, el sistema de pensiones y, durante el año 2018, manifestaciones feministas protagonizadas por mujeres que tomaron diversas universidades a lo largo del país alegando en contra de la violencia machista y el acoso y abuso sexual en sus establecimientos educacionales.

El estallido corrió ese velo que vestía a Chile como el ‘oasis’ de Latinoamérica, término con el que se vanagloriaba el presidente Sebastián Piñera. La salida institucional de la crisis tomó forma el día 25 de noviembre de ese año, cuando diferentes partidos políticos firmaron un acuerdo estableciendo la realización de un plebiscito que le daría la oportunidad a las chilenas y chilenos de aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución y el mecanismo mediante el cual se escribiría. La pandemia, que vendría pocos meses después, atrasaría el proceso democrático y demostraría aún con más fuerza la fuerte desigualdad del país. Finalmente, la opción ‘Apruebo’ venció con el 78% de las preferencias, habilitando el proceso para elegir una Convención Constitucional compuesta por ciento cincuenta y cinco personas. La composición de la Convención también es histórica por varios motivos. En primer lugar, contó con diecisiete escaños reservados para los pueblos originarios. En segundo lugar, se escogió de manera paritaria, es decir, se cambió el sistema electoral para que ningún género pudiese tener más de 55% de representación en la Convención. De las y los electos, un porcentaje alto se declara feminista, así como también es alto el porcentaje de quienes se declaran ecologistas. Es importante destacar que la Convención Constitucional tiene una configuración política inédita en nuestra historia reciente. Se consolida el Frente Amplio superando a los partidos de lo que fuera la antigua Concertación, la principal coalición de centroizquierda desde el retorno a la democracia y cuya última presidenta fue Michelle Bachelet. La coalición se convirtió en la tercera fuerza política el año 2017, cuando su candidata presidencial, Beatriz Sánchez, obtuvo el 20% en la elección presidencial y varios diputados y diputadas irrumpieron en el Congreso. Su pacto electoral junto al Partido Comunista fue Apruebo Dignidad, que obtuvo veintiocho escaños, superando por tres a la lista de la ex Concertación, la Lista del Apruebo. En adición, la coalición de derecha obtuvo solo treinta y siete escaños, no alcanzando el tercio del quórum que les permitía bloquear avances en la Convención (todas las normas constitucionales requieren de dos tercios para su aprobación). Otros pactos de partidos más pequeños también lograron llegar de forma menos significativa. La gran sorpresa, sin embargo, fue la irrupción de fuerzas independientes (veintisiete escaños) y de La Lista del Pueblo, un pacto electoral de izquierda, sin partidos políticos y que centró parte importante de su discurso en la impugnación de la política partidaria. Cabe recalcar que la Lista del Pueblo acabó disgregando, no teniendo hoy una orgánica o coordinación dentro de la Convención. Según Ciper Chile, al menos setenta y siete constituyentes impulsan cambios radicales al sistema.

La Convención Constitucional comenzó a funcionar en julio de este año con un mandato claro: escribir la primera constitución democrática, paritaria y con pueblos originarios en la historia de nuestro país. Para esto, tienen hasta el 5 de julio del 2022. Tres meses luego de entregado el texto constitucional, se llevará a cabo un plebiscito en el que las y los votantes en Chile rechazarán el texto (volviendo entonces a la constitución de 1980) o aprobarán la nueva constitución. Escribir un texto que recoja las expectativas del pueblo chileno y la aprobación de la nueva constitución es su desafío.

El estado del arte

El trabajo de las y los convencionales no ha sido fácil. En primer lugar, el tiempo es acotado. El acuerdo que posibilitó el cambio constitucional, estableció un plazo de entre 9 y 12 meses para la redacción de la constitución. La primera gran tarea entonces, fue su instalación. La elección de su mesa directiva, encabezada por la actual presidenta de la convención, Elisa Loncón, marcó un primer precedente importante: sería una mujer mapuche y feminista quien lideraría el proceso. Esto no solo es importante para Chile, sino que también para toda la región, en la que las luchas por la autodeterminación y autonomía de los pueblos originarios o primeras naciones llevan cientos de años de opresión y discriminaciones por parte de los Estados. Cabe recalcar además que la instalación de la Convención se dio en un ambiente hostil y marcado por negligencias por parte del Gobierno de Sebastián Piñera. Luego de los meses de preparación que tuvo su gobierno para acondicionar los espacios del Ex Congreso para el funcionamiento de la Convención, las y los convencionales llegaron a un espacio que ni siquiera contaba con conexión a internet. Si es que estos hechos se pueden entender como boicot por parte de un gobierno, vinculado a quienes rechazaban la idea de una nueva constitución, o más bien como simple inoperancia, queda abierto a la interpretación de la lectora o el lector.

La segunda gran tarea de la Convención fue la creación de un reglamento para el funcionamiento de la convención. No es simple imaginar reglas nuevas cuando el proceso constituyente nace de una impugnación profunda no solo al modelo económico y social del país, sino que también a la forma de hacer política. No podemos olvidar que el poder constituyente no es normado por ningún tipo de institución, por lo que, de facto, lo que sucedió fue que ciento cincuenta y cinco representantes se encontraron y tuvieron que sentarse a decidir en conjunto el orden en que escribirían la constitución, cómo funcionarían los plenos (incluyendo detalles tan mínimos como cuánto tiempo tiene cada persona para hablar), cuál sería la división temática de las discusiones, cómo comunicarían sus avances hacia fuera y qué mecanismos permitirían que las personas participaran en el proceso. La Convención se abocó entonces en la creación de las normas que hoy permiten su funcionamiento. El reglamento general terminó de votarse en octubre de este año, a cuatro meses de comenzado el proceso, lo que da cuenta de un avance rapidísimo en comparación con otros procesos constituyentes en el mundo.

Sobre el reglamento, hay dos aspectos importantes de mencionar. Primero, los mecanismos de participación que este establece. Esto es relevante, pues tenemos que entender el proceso político de la convención como uno de imaginación política en el que se prefiguran aspectos relevantes de la nueva democracia que buscamos construir. Además de mecanismos más tradicionales, como lo son las audiencias públicas y los cabildos, se estableció la posibilidad de que exista un plebiscito intermedio para aquellas normas que no lleguen a los dos tercios necesarios para su aprobación, pero superen los tres quintos. Otra innovación son las iniciativas populares de norma, pues se abre la posibilidad de que cualquier persona pueda proponer una norma constitucional sobre cualquier temática. Si esta logra más de quince mil firmas virtuales en la plataforma de la Convención, la norma pasa a ser discutida por la comisión temática correspondiente. Estos mecanismos de participación son inéditos en la historia democrática chilena y se configuran como un antecedente relevante para los propios contenidos de la nueva constitución que definan un modelo que transite de una democracia representativa a una participativa y que contemple mecanismos de democracia directa como lo son las iniciativas populares de ley y los plebiscitos a nivel local y nacional.

Con respecto a la discusión de contenidos, el reglamento creó siete comisiones temáticas, de las que emanarán las propuestas de normas que se aprobarán o no en el pleno. Las siete comisiones son:

• Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral
• Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía
• Forma de Estado, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal
• Derechos Fundamentales
• Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico
• Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional
• Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio

Es en estas comisiones en las que ya se están conversando transformaciones centrales para el futuro de Chile, como lo es la declaración del agua como un derecho humano y, por tanto, la salida de este bien común natural de un régimen que de facto la ha privatizado. Otros cambios relevantes son la declaración del Estado de Chile como uno plurinacional, la declaración de la naturaleza como sujeto de derechos y el cambio del rol del Estado, de subsidiario a social o solidario. Desde la perspectiva feminista, se ha propuesto que se elimine cualquier asimetría basada en el género en términos de participación pública y política, habilitando un Estado con representación paritaria en sus tres poderes. Además, se ha levantado la necesidad de apostar por la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel constitucional. Se espera que esta labor, que históricamente han ejercido las mujeres sin ningún tipo de reconocimiento social o económico, pueda traspasarse al Estado, consiguiendo una constitución que habilite un Sistema Nacional de Cuidados. Sin duda alguna, la demanda histórica de las mujeres chilenas por nuestros derechos sexuales y reproductivos (y la eventual habilitación de una regulación del aborto) también está en el centro de la propuesta.

A la fecha, ya se han ingresado algunas normas interesantes para su discusión. Una, relativa al agua, establece que “toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación y físicamente accesible”. SI bien no se ha ingresado una norma relativa a los cuidados aún, existen bastantes certezas de que se agregará un derecho cuidar y ser cuidado en el catálogo de derechos fundamentales.

El país que se imagina desde estas perspectivas es fundamentalmente opuesto al impuesto por el modelo económico y social de la dictadura, en el que se jibarizó al Estado al extremo de entregarle la provisión de derechos fundamentalmente al mercado, dejándole al Estado la provisión de estos solo para quienes no pueden pagar. Esto, en la práctica, convirtió a Chile en un país con barrios, viviendas, salud y educación para ricos y para pobres, un sistema de pensiones en el que la seguridad social queda al arbitrio del vaivén de la rentabilidad de las inversiones, una naturaleza depredada, zonas de sacrificio, comunidades enteras sin acceso a agua potable debido al saqueo por parte de una agroindustria desregulada, un modelo fiscal que no tiene impacto en la reducción de las desigualdades, entre otros problemas. Todo esto, lo corona la profunda desigualdad socioeconómica de Chile. Según un estudio encabezado por el World Inequality Lab, dependiente de la Escuela de Economía de París, el 1% más rico de la población acumula la mitad de la riqueza del país, mientras que el 50% más pobre suma una riqueza aproximada tendiente al 0% del total.

Una vez que se aprueben todas las normas de la nueva constitución, se constituirá una comisión de armonización que consolidará el nuevo texto constitucional, que debe estar listo antes del 5 de julio del próximo año.

La nueva constitución y el próximo presidente de Chile

El proceso constituyente no es independiente del contexto político en el que nos encontramos actualmente. El próximo domingo 19 de diciembre, Chile elige a su próximo presidente en una segunda vuelta entre Gabriel Boric, el candidato del Frente Amplio (coalición que emerge principalmente del movimiento estudiantil del 2011) y José Antonio Kast, del Partido Republicano. De esta forma, la elección es entre los sectores de izquierda que defendieron el cambio constitucional y una ultraderecha que marcó rechazó en el plebiscito del año 2021. Este no es un dato menor, pues el próximo gobierno no solo será quien se deba hacer cargo los cambios constitucionales de la mano del poder legislativo (hoy casi empatado entre las fuerzas de izquierda y derecha), sino que también será el gobierno bajo el que se lleve a cabo el plebiscito de salida del proceso constituyente, en el que las y los votantes deberán aprobar o rechazar la nueva carta magna. Los sectores progresistas chilenos no solo se enfrentan a una elección presidencial contra un sector que ha negado sistemáticamente la crisis climática, que es apologista de la dictadura de Augusto Pinochet y que ha mostrado altos niveles de misoginia sino que, además, que estuvo en contra de la paridad y los escaños reservados para pueblos originarios en la Convención.

Chile se enfrenta, al final del día, a una elección en la que somos muchas y muchos quienes queremos defender las conquistas democráticas, los derechos adquiridos y la conclusión de un proceso constituyente que, esperamos, abra el camino a un ciclo de transformaciones profundas hacia ese país que soñamos.

Carolina Pérez Dattari
Directora del Instituto de Gobiernos Locales
Universidad Abierta de Recoleta