No es ninguna novedad que la expansión de esta pandemia aún no ha alcanzado su grado máximo (es decir, la fase seis) que, según la Organización Mundial de la Salud considera que la gravedad general de la pandemia de gripe es moderada ya que la mayoría de los afectados se recuperan de la infección sin necesidad de hospitalización ni de atención médica. Este escenario augura sin duda otros peores considerando el estado de la salud pública y de porqué hospitales como San Borja y el consultorio Ramón Corbalán se encuentren sin vacunas y su personal no dispone de mascarillas personales ni insumos para la demanda creciente de atención. En matemáticas y lógica, una gripe solo puede aumentar exponencialmente hasta su grado máximo de saturación o de control/fiscalización, tal como sucedió con la ya conocida ‘Peste Negra’ del siglo XIV (entre 1347 y 1353).
La peste negra tuvo diversos impactos que determinaron otros procesos históricos futuros, ya que afectó a plebeyos y señores feudales y que éstos al perder población y poder, llevó a la consolidación del poder de los reyes en Francia, Italia, Polonia o Alemania al no encontrar otro ente que consolidara el poder en los feudos abandonados por la peste y el hambre de la Europa occidental. Ello marcó otro periodo histórico en donde las monarquías se consolidaron hasta el periodo de regímenes absolutistas, al igual que el resurgimiento de la Ruta de la Seda a Oriente medio y China, junto con un nuevo movimiento artístico que, en plena expansión entre los Países Bajos hasta Italia, llevó a una novedosa forma de retratar a naturaleza y la sociedad, etapa conocida como el Renacimiento del siglo XV.
Por su parte, la expansión de la actual pandemia tiene repercusiones que aún hoy no hemos podido palpar y ni siquiera reconocer; salvo con una excepción: en el contexto actual de nuestro país de crisis del sistema, del Estado y la política institucional, se acrecienta la ilegitimidad de las decisiones de parte del ejecutivo (alrededor de Sebastián Piñera, su ministro de Salud, Jaime Mañalich) debido a la incertidumbre que genera el no levantar estado de cuarentena a nivel nacional (y para ciertas regiones y territorios más afectados) aún hoy; el haber tomado la decisión de cerrar las fronteras terrestres, aéreas y marítimas desde el 18 de marzo; incertidumbres sobre la disponibilidad de insumos médicos para hospitales masivos, vacunas y mascarillas para el personal clínico ni para farmacias; titubeos en la forma de cómo encarar la pandemia a nivel nacional, acopios poco éticos en supermercados, especulación de precios, incentivos económicos poco esperanzadores, recuperados que nuevamente dieron positivo, etcétera.
Pero quizás lo más llamativo, es que la explosión de la pandemia en Chile se produce en plena crisis social del país: ¿Qué efectos generará a corto y mediano plazo? ¿Seguirán reproduciéndose las mismas dinámicas de saturación de centros médicos? Si bien es de todos conocido que el plebiscito fue re agendado para el 25 de octubre de este año, cierto es que ambos sucesos en Chile pueden determinar el cómo nos enfrentaremos al futuro (dependiendo de las capacidades de gestión ante desastres, medidas eficientes y rápidas para “aplanar” la curva de contagios, etcétera), es necesario que estas nuevas formas de lidiar con pandemias deben estar considerada en la próxima nueva Constitución, al ser Chile un país susceptible de desastres naturales o eventos externos (sean maremotos en el Pacífico o crisis económicas en el hemisferio occidental).
¿La actual Constitución de 1980 tiene la capacidad de establecer directrices para que el ejecutivo pueda lidiar con crisis de estas características, más en eventos extremos de salud pública? ¿Las disposiciones por parte del presidente de establecer estados excepcionales constitucionales son suficientes para tranquilizar a la opinión pública y a los afectados? Al no haber razón para pensar que incluso con un Estado de sitio no cambiarían mucho las cosas ni se solucionaría todo para evitar contagios masivos, debemos pensar en cómo, en el proceso constituyente, debemos abordar este problema cíclico (que se da eventualmente entre treinta a cincuenta años) y cómo debe ser expresado en las urnas para el plebiscito y dentro de la nueva Constitución.
Es necesario que una Constitución, al estar relacionada con cada aspecto de la sociedad de cualquier país democrático y con los anhelos de una población mayoritaria, contenga y exprese las medidas necesarias para atender soluciones concretas ante situaciones extremas: es necesario que exista un capítulo dedicado exclusivamente a abordar crisis de salud pública. Eso es sostenibilidad: pensar a futuro, colocando los recursos necesarios (eficiencia y eficacia como política pública) para evitar el pánico.
Para el actual debate constituyente es necesario abordar nuevas medidas en salud pública, considerando esa mala idea de que “Chile tiene el mejor sistema de salud del planeta” o “uno de los más eficientes del mundo”: la esperada convención constituyente y su debate (aunque interrumpido por la “cuarentena”) sobre salud pública con altura de miras, hacia el futuro. No es salir del paso (como refiera el mandatario), es abordar responsablemente nuevos sucesos a futuro.
Pablo Carrasco
Máster en Estudios Internacionales
Instituto de Estudios Internacionales
Universidad de Chile
