Ignacio Figueroa Foessel
Periodista, Universidad de Chile
Director del Centro de Estudios de Medios de la Universidad Abierta de Recoleta (UAR)

La condena a Héctor Llaitul; la absolución del excomandante en jefe, Juan Miguel Fuente Alba; y la Ley Corta de Isapres, demuestran que las instituciones siguen funcionando para garantizar que todo se mantenga en el perfecto orden que dictan los intereses políticos/corporativos.

Héctor Llaitul estuvo acertado en varias cosas de las que predijo que podrían ocurrir durante el gobierno de Gabriel Boric: “Ese hueón del guatón cu… del Boric. Ese hueón sí que le tengo mala, porque va a ser un convertido cu…. No, ese hueón se va a vender, ya se vendió ese con…, aparte de ser socialdemócrata y jurarse medio Che Guevara, ahora va a andar (…) con los grupos económicos y va a gobernar igual, acuérdate de ese hueón, en el contexto del gobierno de ese cu… me van a matar a mí, acuérdate hueón” (La Cuarta.com 26 de agosto 2022).

Como podemos ver, falló en predecir que lo iban a matar, y es que el interés de Estado, en su gran sabiduría, prefiere la vía institucional de reducir a Llaitul al recuerdo de un delincuente común en vez de asesinarlo, arriesgando en convertirlo en un mártir y un ejemplo de lucha. Llaitul se transforma en otro antecedente delictual del Estallido Social: una anomalía en el Chile de orden e institución, poniéndole donde pertenece, en el limbo de la inexistencia del sistema penitenciario.

El conocimiento de las recetas de pacificación de pueblos hostiles al desarrollo indica que se debe, no solo derribar a los liderazgos, si no que destruir su hábitat, de allí es que Chomsky nos hable de “derribar árboles e indios” en el vasto territorio de la Unión americana.

La contrarrevolución del Chile pinochetista fue efectiva en privatizar las riquezas de La Araucanía y Arauco, entregando, en una profunda contrarreforma agraria, la tierra a las grandes compañías forestales, génesis de la exacerbación del conflicto con las comunidades indígenas.

La continuidad conceptual del Estado pinochetista al actual Estado es notable. En años de dictadura la forma de encarcelar y anular los liderazgos era la aplicación de la figura del “apologista de la violencia”. Paradojalmente, la figura usada contra Llaitul es la misma: “La dictadura usó bastante esta ley, y en especial el delito de apología, para castigar especialmente conductas relacionadas con la propaganda. Tanto los Consejos de Guerra como los tribunales aplicaron esta figura, sancionando conductas tales como adherir o pertenecer a grupos o partidos políticos proscritos, y lanzar panfletos con consignas contrarias al régimen reivindicando la lucha armada (o, incluso, meramente tenerlos, porque se consideraba «obvio» que iban a ser repartidos)” (columna de Myrta Villegas, doctora en Derecho, publicada en Ciper Chile 10/05).

Esta continuidad conceptual nos señala la obvia necesidad de sanear las leyes y la constitución del Estado una vez recobrada la democracia; lo mismo con las instituciones permeadas por la corrupción dictatorial. La democracia chilena no solo gobierna con la constitución pinochetista, sino que también, con las instituciones por ella corrompida.

Desde el Estallido Social -leído en un comienzo por la elite política como un malestar ciudadano general en la forma en que el país se desarrollaba-, pasan a una contraofensiva conservadora tras el triunfo de Boric en la elección presidencial, buscando evidenciar que el octubrismo solo era una forma de organización delictual e incluso insistir en la existencia de miembros de organizaciones de seguridad de otras naciones. La derecha ha querido eliminar el síntoma para eliminar la enfermedad, barriendo bajo la alfombra los problemas sociales y políticos del neoliberalismo en una fuga hacia adelante digna de los anglosajones.

Al poco andar el gobierno, el propio presidente Boric se ha desdicho de muchas de las afirmaciones en que había prorrumpido, muchas de ellas fruslerías de corte simbólico. Sin embargo, el simbolismo había sido la forma conceptual inicial del gobierno de Boric en un análisis, digamos gramsciano de la realidad, pero a la chilena. La fórmula transaccional de Boric y su gobierno para lidiar con la ofensiva de la derecha y sus medios ha sido el ceder en lo esencial para lograr algún grado de avance en lo marginal. El propio presidente expuso su cambio de esta forma: “Hoy día ustedes pueden revisar en redes sociales, hay muchos presidentes actualmente en ejercicio que están permanentemente peleando y discutiendo a través de redes sociales. Yo, como diputado, era muy bueno para eso, como presidente he aprendido que las responsabilidades de mi cargo me obligan a tener otra conducta respecto a estos temas porque soy el presidente de todos los chilenos y chilenas” (Gabriel Boric en LUN 17/05).

Por otra parte, la absolución del excomandante en jefe, Juan Miguel Fuente Alba, después de años de investigación en lo que se llamó el Milicogate, pone un manto de duda sobre la actuación de la justicia y la fiscalía. Después de todo, puede ser que el llamado lawfare tenga varias posibilidades de realización que van desde el defenestramiento del político cuestionado hasta la salvación del mismo por la propia legalidad que lo pone en entredicho.

En lo que respecta a la Ley Corta de Isapres la solución era predecible, el poder político buscaría la fórmula para salvar a las aseguradoras en la ya tradicional sentencia de “demasiado grande para caer” popularizada durante la crisis Subprime y los bancos estadounidenses que fueron salvados por el fisco. En el salvataje de las isapres, se hace evidente para cualquier ciudadano cómo funciona el doble estándar de la política y los medios, al destacar los beneficios que obtendrán las personas tras el acuerdo.

En los casos Llaitul, Fuente Alba e Isapres, la constante está en la forma como funcionan las instituciones para mantener el statu quo; sin embargo, es también un claro indicador de cómo funciona el aparato comunicacional corporativo, al normalizar las informaciones demostrando que lo que es, es lo que debe ser, eliminando cualquier crítica al sistema o poniendo a los críticos en el sector de los incorregibles. Probablemente, el siguiente paso de los medios será el cambiar el nombre al Milicogate, al Pacogate o al Matapacos, buscando una solución orwelliana al eliminar palabras, creando así una barrera a la transmisión de contenidos problemáticos.

El propio presidente Boric ya había manifestado su punto de vista sobre el Matapacos, aunque posteriormente hubiese quedado en evidencia su contradicción; si hay consenso, porque no eliminar la existencia de este punto de confrontación. TVN ya había hecho recibo de la importancia de los consensos cuando se trata de los temas relevantes para la derecha: “El presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, pidió disculpas públicas por el GC (generador de caracteres) que se registró el martes en el noticiero de la mañana, el que decía ‘Ladrón fue asesinado por carabinero en intento de asalto’ (…) Ningún carabinero asesina a un delincuente” (Biobiochile.cl 16/05).

Referencia:
(1) Noam Chomsky, La Conquista Continúa: 500 años de Genocidio Imperialista