Los países más desarrollados y equitativos son en su mayoría federales y el federalismo es eficiente y obliga a terminar con privilegios del duopolio político-empresarial del barrio alto. Esos son solo dos argumentos para avanzar en Chile hacia un Estado federal, una discusión necesaria, sobre todo ahora que el tema debe estar en la mesa de la Convención Constitucional.

La alta conflictividad territorial irresoluta en el centralismo unitarista.
Diversos estudios elevan la mitad de los conflictos en Chile a las fundadas rabias territoriales que obligan a un modelo de empoderamiento sustantivo: el norte, por coparticipar en renta minera; el mapuche -el mayor conflicto hoy en América Latina-, por territorio y autonomía; las zonas extremas, por recursos y flexibilización de normas centralistas de evaluación de proyectos, los socioambientales NIMBY -Not in my backyard (no en mi patio)-, que se multiplican y se desconfía de las agencias centrales -paradigmático es el eventual cohecho en el caso de minera Dominga- y las potestades que el régimen centralista da a los delegados presidenciales en los sistemas de evaluación ambiental. Los modelos federales apelan a la corresponsabilidad territorial y la planificación vinculante desde los territorios.

La evidente plurinacionalidad, pluralidad lingüística y diversidad cultural conviven en modelos confederales.
La Convención Constitucional ya tiene acuerdo para el Chile plurinacional, que es evidente sobre todo con mapuches, aymaras y rapanuis de territorios muy diferenciados y lenguas vivas. Los países plurinacionales son casi sin excepción federales como la democracia consociativa que acuñó Arend Lijphart, a propósito de Bélgica, con sus zonas francófonas (valones), de habla holandesa (flamencos) y la relevante minoría alemana. Del mismo modo lo es la Confederación Suiza con sus cantones franceses, alemanes e italianos. Grandes democracias como la India lo hacen del mismo modo para la coexistencia de diferentes lenguas y religiones (hinduistas, musulmanes, cristianos y budistas). Conflicto ‘eterno’ como el palestino-israelí es, a juicio de los escritos de sus grandes intelectuales (Hannah Arendt y Edward Said), por la ceguera en no lograr una confederación que reconozca los derechos colectivos y su propio territorio común plurinacional. Además, el modo confederal es ancestral en aymaras, mapuches y polinésicos.

Los países más desarrollados y equitativos son en su mayoría federales.
Países grandes como Estados Unidos y Alemania, pequeños y homogéneos como Austria, diversos como los nombrados Suiza y Bélgica, el mundo anglosajón desde la confederación británica a Australia y Canadá, tienen en común el federalismo y el parlamentarismo de la colegiatura, con la excepción norteamericana. Los escandinavos dan autonomías a sus naciones y territorios ‘indígenas’ desde los inuit de Groenlandia danesa a los samis del Ártico.

El autonomismo español es federal tras la monarquía constitucional.
España es altamente federal en su modelo autonómico donde conviven regionalismos fuertes –valenciano, canario, cántabro, andaluz, entre otros, con los territorios nacionalistas con sus propias lenguas: vascos, catalanes, gallegos o mallorquines de las Baleares–. Más del 50% del gasto público es subnacional de autonomías, comunas y territorios insulares y enclaves como las ciudades de Ceuta y Melilla en Marruecos.

El período pro federal de Chile fue fecundo y no una anarquía.
El vilipendiado período federal o de ensayos constitucionales en Chile por parte de la historiografía conservadora dominante, fue un período excepcional: Ramón Freire y las asambleas provinciales de Concepción y Coquimbo lograron en diciembre de 1822 la abdicación de Bernardo O’Higgins sin guerra civil, se dicta el acta de la unión de los pueblos de Chile, se firma el Tratado de Tapihue en 1825 con los mapuches reconociendo la unidad en fraternidad y su territorio al sur del Biobío, se libera Chiloé del dominio español, se pasa de tres a ocho provincias, y cuando se lograba con un modelo mixto liberal, las fuerzas conservadoras y reaccionarias dan el golpe portaliano en 1830 para destruir los municipios (cabildos), motivados por la resistencia de la oligarquía castellano-vasca central a pagar impuestos en el gobierno de Aníbal Pinto. En dicho período se crearon instituciones educativas extra-Santiago.

El federalismo permite poder no solo regional también comunalista y de naciones indígenas.
Es probable que la salida ‘intermedia’ de Estado Regional, propiciada hace años por académicos de la Universidad de Concepción y por Humberto Nogueira de la Universidad de Talca, no logre abarcar la extendida y legitimada corriente comunalista en izquierdas y derechas, así como el clamor de autodeterminación de los pueblos-naciones indígenas.

El federalismo es eficiente y obliga a terminar con privilegios del duopolio político-empresarial del barrio alto.
Las regiones, exceptuando la desastrosa gestión bajo Sebastián Piñera 2, han sido el nivel de gobierno de mayor eficiencia en su gasto (en torno a 98%) con el menor gasto en funcionamiento (5%), y en todos los modelos federales -el poder de los que habitan los lugares- obligan a evitar la hiperburocratización ministerial y la sobreinstitucionalización, cuando el sistema se hace bien con controles sociales, rentas autónomas que obligan a focalizar e indicadores de gestión. El Chile federal no tendría a uniformados jubilando a los cuarenta y ocho años ni mega sueldos en ministerios y empresas públicas, ni masiva evasión de impuestos a la renta al predial lleno de exenciones y mala actualización de los bienes inmobiliarios (patente en el caso de las casas veraniegas presidenciales transversales en el Lago Caburgua).

El federalismo tiene proactividad tributaria y fondos de convergencia estructural para la equidad.
Con el unitarismo se lograron servicios básicos homogéneos en agua, luz, salud primaria y educación, pero ha sido un desastre en sistema de movilidad, cultura, conectividad digital, desarrollo rural inclusivo, gobernanza de ciudades y diversificación económica. En los modelos federales existe colaboración pública, privada y social con pactos tributarios sin cooptación, porque los actores se ven y se entrelazan en conflictos y negociaciones abiertas en los territorios sin imposiciones centrales.

En el Chile federal habría fuertes royalties a la minería, forestales, eléctricas, pesqueras, obteniendo recursos y evitando el despilfarro por baja tributación que acelera el extractivismo. A su vez, en lugar de la enorme desigualdad de los ingresos territoriales del centralismo presidencialista latinoamericano, paradigmático en el chileno, con diferencias de uno a quince en los ingresos per cápita municipales, se obligan a fondos de convergencia estructural en que las diferencias se reducen en dos con los principios de equidad horizontal.

En el federalismo hay control del poder y contrapesos democráticos.
En un modelo federal se respeta la Constitución nacional plural, pero también se dan políticas y leyes locales de acuerdo a los valores de las comunidades con mecanismos representativos propios y uso extendido de la democracia directa. Se toleran niveles de pluralidad normativa, lo que permite innovaciones y no los vetos centralistas en Chile, desde declarar ilegales ordenanzas locales antiplásticos, hasta negar a las regiones tener empresas públicas de transporte o ir más rápido en reciclaje, conservación y modelos de economía verde, así como contar sus policías preventivas y programas sociales propios para enfrentar la pobreza y la violencia. En vez del poder absoluto del Fiscal Nacional para nombrar los fiscales regionales y marcar, con sus lógicas, ‘justicia diferenciada’, en un modelo federal los fiscales regionales serían seleccionados y elegidos por sistemas multi actor y democráticos territoriales.

En el federalismo el agua es un bien público territorial con gobernanza de cuencas.
En los sistemas federales el agua, desde las cuencas al uso, es un bien común clave con corresponsabilidad y rectoría de los entes regionales en confederaciones de agua. Lejos del privatismo extremo de la dictadura y la mala gestión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el caso chileno, con opacidad y omisiones lesivas estructurales. como ocurre con el despojo de los monocultivos, saqueo de acuíferos, ocupación privada de bordes de ríos y playas.

Esteban Valenzuela
Dr. en Historia.
Académico Universidad de Concepción
Consejero del Instituto de Gobiernos Locales de la Universidad Abierta de Recoleta