Cuando el 19 de diciembre de 2021 Chile eligió por abrumadora mayoría a Gabriel Boric, me sentí eufórica. Las elecciones enfrentaron al izquierdista Boric con el ultraderechista José Antonio Kast. Kast había hablado con admiración de Augusto Pinochet, el dictador asesino que gobernó Chile de 1973 a 1990. Había negado sistemáticamente la crisis climática y atacado los derechos de los inmigrantes, las mujeres y el colectivo LGBTQ.
Boric, de treinta y cinco años, encabeza la coalición Frente Amplio, que nació de un movimiento estudiantil del que yo fui una de sus líderes a través de mi federación de estudiantes. Ahora soy asesora de una histórica Convención Constitucional, respaldada por Boric y con la oposición de Kast, que reescribirá la actual constitución de Chile impuesta por Pinochet.
El país que se imagina en la Convención Constitucional es fundamentalmente diferente del modelo económico y social forjado por Pinochet (1973-1990). Es de sobra conocido que el modelo neoliberal no se impuso por primera vez en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher o en los Estados Unidos de Ronald Reagan, sino en el Chile de Pinochet. Bajo la dictadura, el Estado se redujo al mínimo, cediendo a las empresas con ánimo de lucro la provisión de derechos mediante la privatización de los servicios públicos.
Esto convirtió a Chile en un país con viviendas, sanidad y educación para los ricos, un sistema de pensiones privatizado en el que la seguridad social está a merced de la rentabilidad de las inversiones, un medio ambiente natural expoliado, comunidades sin acceso al agua potable como consecuencia de la desregulación de la agroindustria, y un sistema fiscal que no cambia en nada el hecho de que Chile sea uno de los países más desiguales del mundo. El biógrafo de Pinochet, Mario Amorós, caracteriza el legado del dictador como «un modelo instaurado a sangre y fuego que, al mismo tiempo, beneficia a la élite que controla los principales medios de comunicación y el poder económico».
Las protestas que estallaron en 2019 fueron contra la desigualdad extrema y a favor de una nueva constitución. Levantaron el velo que había envuelto a Chile y que proyectaba al país como un «verdadero oasis dentro de una América Latina convulsionada«, una frase que el multimillonario presidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) era aficionado a utilizar para tocar su propia bocina. Pero las persistentes y generalizadas protestas forzaron un enfrentamiento a las tres de la madrugada del 25 de noviembre de 2019 en el Congreso Nacional ante la atenta mirada de millones de chilenos que seguían los acontecimientos por televisión. Capitulando a la presión pública, varios partidos políticos acordaron un referéndum sobre la redacción de una nueva constitución.
El bando de los ‘aprobados’ obtuvo el 78% de los votos, impulsando la elección de una Convención Constitucional de ciento cincuenta y cinco personas. La Convención incluye delegados de todo el espectro político, con muchos que se identifican como independientes de los partidos políticos, feministas y ecologistas. La Convención comenzó el 4 de julio de 2021 con una directiva clara: redactar la primera constitución democrática de la historia de Chile, con paridad de género y representación indígena. Tiene un año para cumplir ese mandato.
Convocatoria de la democracia
El primer paso de la Convención fue elegir presidenta a Elisa Loncón, profesora universitaria indígena mapuche feminista. En sus primeras palabras a la Convención reunida, dijo: «Gracias a todos ustedes por depositar su confianza en una mujer mapuche para cambiar la historia de este país… Esta Convención es para todos los chilenos de todos los sectores y de todas las regiones y.… contra todo sistema de dominación… Es por un Chile que protege a la Madre Tierra».
Las normas de participación adoptadas por la Convención son fundamentales para su éxito. Un ejemplo notable es la decisión de la Convención de celebrar referendos provisionales para las disposiciones que no obtengan la aprobación de dos tercios pero sí el apoyo de tres quintos, lo que permite eludir los posibles bloqueos establecidos por los conservadores. Otra es la conocida como iniciativa popular, que permite a cualquier ciudadano proponer una disposición constitucional sobre cualquier tema si reúne más de quince mil firmas de apoyo.
A través de siete comisiones temáticas, la Convención Constitucional está debatiendo transformaciones clave. Entre ellas, declarar a Chile como un Estado plurinacional -reconociendo a las distintas naciones del país y otorgándoles grados de autonomía- y reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, para dotarla de más herramientas para proteger los ecosistemas. Otra propuesta fundamental es cambiar el papel del Estado de uno orientado al individualismo a uno orientado a la solidaridad. También ocupa un lugar destacado en la agenda la eliminación de toda asimetría de género en la participación pública y política, permitiendo un Estado con representación igualitaria en sus poderes judicial, legislativo y ejecutivo.
Uno de los debates más novedosos es el relativo a la institución de un Sistema Nacional de Cuidados. Actualmente, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa la mayor parte (53%) del trabajo productivo en Chile, lo que equivale al 22% del PIB. El 72% de este trabajo es realizado por mujeres. Un Sistema Nacional de Cuidados no sólo reconocería las ocupaciones de cuidado como trabajo, sino que pagaría y profesionalizaría estos servicios. La vieja demanda de las mujeres chilenas por nuestros derechos sexuales y reproductivos -y la posible aprobación de una ley que permita el aborto- también está en el centro de esta propuesta.
Aun así, Chile ha comenzado el año 2022 con una sensación de optimismo. El nuevo gobierno de Gabriel Boric es el encargado de organizar el referéndum de octubre de 2022 en el que los votantes aprobarán o rechazarán la nueva Constitución. «Si tiene éxito, será un modelo de esperanza, y no sólo para Chile», dice el experto constitucional Bruce Ackerman. Durante las protestas de 2019, un grafiti declaraba: «El neoliberalismo nace y muere en Chile». Una nueva Constitución podría hacer realidad este deseo.
Carolina Pérez Dattari
Directora del Instituto de los Gobiernos Locales (IGLO)
Universidad Abierta de Recoleta
