La Convención Constitucional se declaró en emergencia climática y ecológica. Esto, que hasta hace unos años atrás habría parecido una exageración o incluso una locura, hoy se entiende como una necesidad urgente. De hecho, ya es lo políticamente correcto.
Muchos países, ciudades, regiones, universidades y hasta empresas multinacionales se han declarado en emergencia climática, y esto no ha derivado en resultados significativos frente a la crisis, ni siquiera en sus propios territorios.[1]
Entonces, ¿es realmente relevante y útil esta declaración? Depende.
¿De qué depende? De que sea mucho más que una declaración de buena voluntad y corrección política, y entienda la crisis climática como parte de aquella que le dio origen al proceso constituyente chileno y a la misma Convención, es decir, la crisis de un sistema económico abusivo, neoliberal, extractivista y patriarcal.
Por esto, el ‘rol político crucial’ que la misma declaración le asigna a la Convención frente a la crisis climática se debe expresar y confirmar su responsabilidad con el cambio sistémico que debe encauzar la nueva Constitución.
La moción aprobada por una gran mayoría de convencionales recoge la indiscutible evidencia científica del origen antropogénico del calentamiento global y el sentido de urgencia a que obliga la gravedad de la crisis, y plantea la necesidad de ‘cambios profundos’, en un lenguaje suave, necesario para lograr la cuasi-unanimidad del texto.
Sin embargo, para que la declaración del estado de emergencia climática sea realmente relevante y útil al enfrentamiento de la crisis, deberá expresarse, a la hora de la redacción del texto constitucional, en principios y normas que vayan al corazón del sistema que está llevando al planeta al colapso, que privatiza, mercantiliza, despilfarra, depreda, destruye.
No basta con descarbonizar la matriz energética, sobre todo en un país -por lo pequeño- con escasa responsabilidad en las emisiones globales, pero con una gran vulnerabilidad.
No servirá que las familias más ricas y las corporaciones multinacionales continúen adueñándose del agua y el territorio, para -ahora- llenarlo de pequeñas centrales hidroeléctricas, parques eólicos y fotovoltaicos que generen energía ‘renovable’, no para uso local, sino para inyectar al sistema, para seguir alimentando la gran minería y la agroindustria, para producir hidrógeno ‘verde’, para seguir usurpando, depredando y exportando bienes naturales a costa de las comunidades y ecosistemas.
No servirá seguir tapizando el territorio de plantaciones forestales y monocultivos, a modo de sumideros de carbono, y grandes plantas de biomasa subsidiadas con bonos de carbono, bajo el supuesto de carbono-neutralidad, pero ante la evidencia de un modelo forestal que ha devastado millones de hectáreas, desplazado y vulnerado derechos de pueblos indígenas y aumentado de manera gigantesca la vulnerabilidad frente al cambio climático en lugar de mitigarlo.
Es imperativo que la nueva Constitución, para expresar realmente el cambio de paradigma que requiere el enfrentamiento de la crisis climática, esté basada en los principios de soberanía y sustentabilidad que orienten esta transformación sistémica, y establezca las normas que permitan operacionalizarlos, fundamentalmente evitando la privatización, mercantilización y abuso de los bienes comunes esenciales para la vida: el agua, la atmósfera, la energía, la tierra, la diversidad biológica y cultural.
No queremos posar de aguafiestas e inconformistas frente a la declaración de emergencia climática de la Convención Constitucional. Todo lo contrario: la celebramos, pero ahora se trata de que la fiesta sea completa, con justicia climática y soberanía.
Eduardo Giesen A.
Colectivo VientoSur
Asesor en Gestión Ambiental de Municipalidad de Recoleta
[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_emergencia_climática
