El plebiscito desarrollado por la derecha en La Araucanía representa un primer ejercicio mediático de los sectores críticos al movimiento mapuche y opositores al ejercicio de los derechos colectivos (autodeterminación y restitución territorial). Considerando la coyuntura política, en torno a la violencia política que vive la región en los últimos meses, el gobernador Luciano Rivas no logró concitar un porcentaje contundente de votantes para perpetuar un Estado de Excepción en la región. Con tres días de plebiscito no vinculante, con ausencia de metodología intercultural, sin los mecanismos recomendados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con el apoyo de recursos estatales para obtener un respaldo mediático para endurecer la coerción sobre los mapuche, los resultados desalientan a quienes ven en la coerción el camino factible para poner atajo a los hechos de violencia política que se han incrementado en los últimos meses.
El gobernador señaló en su alocución pública su orgullo al sostener que un 16% de la población de La Araucanía sufragó a favor de una pregunta dicotómica: “¿Está de acuerdo con que el Congreso extienda el Estado de Emergencia en la Región de la Araucanía?”. Una pregunta simple, pero que da cuenta de la evolución de la nueva derecha chilena, intentando obtener réditos políticos, usando la división en temas que deben ser encausados a través de reformas políticas integrales y posicionando los derechos humanos como eje rector. En la historia de la derecha latinoamericana no es extraña su inclinación a la inserción de las Fuerzas Armadas en conflictos que son difíciles de solución a menos que sea con reformas integrales. Es una estrategia del neopopulismo que ha cosechado réditos políticos con Donald Trump, Jair Bolsonaro, Jeanine Áñez y expresado hoy por José Antonio Kast.
Bajo una nueva ‘era de inseguridad’, si bien es cierto que a nivel global el racismo manifiesto es ilegal, aún existen prácticas culturales que buscan evitar reformas políticas que han desfavorecido el ejercicio de los pueblos indígenas en el escenario nacional. Quedó de manifiesto en la discusión sobre Escaños Reservados para el proceso constituyente, la que logró salir a favor de los pueblos originarios, pero no bajo los estándares internacionales. Al interior de ésta, una vez establecida, se generaron ataques constantes contra las dos constituyentes mapuche: Elisa Loncon y Francisca Linconao. Sin embargo, se ha podido revertir con agudeza, inteligencia y alianzas políticas por parte de las y los constituyentes de los pueblos originarios.
Pero mientras se escriben los horizontes de futuro en Santiago, el enclave de La Araucanía intenta evitar los cambios políticos necesarios para descender la violencia. Lo sucedido en La Araucanía, es el intento de los sectores conservadores de perpetuar un sentimiento nacional e identitario que no reconozca lo plural. Es continuar en un camino que sólo ha traído violencia. Para cambiar lo realizado, se debería considerar las conclusiones del Informe Ejecutivo sobre Verdad Histórica, Reparación y Garantía de No Repetición de los pueblos Originarios redactado al interior de la Convención Constitucional. Quienes participaron han concluido que algunas prácticas históricas del Estado en relación con los pueblos indígenas deben ser consideradas actos de genocidio. Ello se ha traducido en la necesidad de una reparación integral, material, política y simbólica. Para llevarlo a efecto, se necesitan garantías de no repetición.
No obstante, plebiscitos como el convocado por Rivas no son un aporte a la democracia ni menos para una solución del ascenso de la violencia política de los últimos meses.
La desmilitarización del Wallmapu es el camino que se debe transitar si los sinceros deseos de la ciudadanía son resolver la situación política en Wallmapu. También revertir los conceptos militares y coloniales como se ha venido tratando a los miembros del pueblo mapuche: ‘macrozona’, ‘terrorismo’, ‘narcoterrosimo’, etcétera. El racismo ha evolucionado en los últimos años, transitando del “indio, salvaje” a las descalificaciones ya citadas. Sería bueno recordar que a lo largo de los años noventa a nuestro pueblo se les catalogaba como ‘quema bosques’, ‘violentistas y terroristas’. Descalificativos que intentaron ocultar la potencia política de la emergencia mapuche en el escenario nacional. Importante es subrayar que la serie de nominaciones raciales no contribuyen a una paz ni menos para descender la violencia.
La violencia escaló luego del año 2001, incluyendo violentos allanamientos y detenciones a miembros del movimiento de forma regular e irregular. La primera, controles en el marco del Estado de Derecho; y la segunda en caminos, en terminales de buses o espacios laborales como parte de los procesos de investigación. Hacia el año 2006, con el ingreso de la Policía de Investigaciones de Chile, este escenario continuó incrementándose y la violencia no ha dejado de ascender. Al punto que las policías se han venido coordinando en el último tiempo con la Argentina para intercambiar información e inclusive trasladar a imputados como Facundo Jones Huala que cumple una sentencia en la prisión de Angol.
Bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera, aprovechando la arquitectura política creada por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, fue la primera ocasión que se hace ingreso de las Fuerzas Armadas a solicitud de los dirigentes políticos de la región. Tal vez fueron menos agresivos que en el transcurso de esta segunda etapa que ha dejado un saldo de mapuche muertos, heridos y una sensación de violencia militar que trae a la memoria los sucesos del Golpe de Estado de 1973 y que a la vez se articularon con lo sucedido en 1883 con el fin de la ocupación de La Araucanía.
La participación en el reciente plebiscito de un 16,4% de la población de La Araucanía, con 118.258 votos a favor de extender el Estado de Excepción, es un revés para la línea dura de la derecha que, heredera del pinochetismo, espera contribuir con su acto mediático a la campaña de José Antonio Kast que le ha dado buenos réditos mediáticos. Sería ingenuo no creer que, si en su programa de gobierno el candidato señala que en “la Araucanía, no existe estado de derecho” y que a los “delincuentes terroristas” se debe aplicar “la mano dura a través del ejercicio de las Fuerzas Armadas”, lo desarrollado en los últimos tres días no es parte de una campaña sostenida en el tiempo para inclinar la balanza a favor de una mayor coerción hacia el movimiento mapuche.
La escalada de violencia por parte de los mapuche es una escalada proporcional a la ejercida por el Estado. Es posible evidenciar cómo a partir del nuevo milenio se fue generando un clima de coerción que tiene su primera víctima con la muerte de Alex Lemun (2002). A partir de ese momento, los mapuche tomaron la decisión de usar la autodefensa, pero no fue hasta el asesinato de Matías Catrileo que transitó hacia la autodefensa armada, y gesta la creación de los Órganos de Resistencia Territorial que operan en el territorio mapuche. Al poco tiempo, producto de la muerte de Jaime Mendoza Collío en el año 2009, surgen dos nuevas organizaciones: Resistencia Lafkenche y Aukan Weichan Mapu. Estas organizaciones no creen, debido a dos décadas de violencia de Estado, que se pueda lograr avances en materias de derechos por la vía institucional. A partir del año 2012, teniendo en consideración la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, la violencia sólo ha ido en escalada.
Todo podría haberse evitado si los gobiernos hubiesen insertado los derechos colectivos del pueblo mapuche acorde con las reformas institucionales que se recomendaban desde los organismos internacionales. Sin embargo, el camino fue otro: incrementar la represión y el movimiento mapuche inició una campaña social bajo el lema: ‘Desmilitarización del Wallmapu’. Difícil que no fuese de ese modo, la violencia ha ido escalando y se comprueba con el reciente caso del joven Jordan Yempi, una nueva víctima de la política que sólo ha incremento la violencia.
Por último, creo importante dar cuenta de algunos datos del Estudio de Opinión del Centro de Estudios Interculturales Indígenas en la medición de agosto de 2021. Al consultar sobre cómo debería solucionarse el conflicto con los pueblos originarios, la opinión fue a favor en un 34% a través de la restitución de tierras, un 35% reconociéndolos constitucionalmente e invirtiendo en salud y educación. Mientras que las cifras sobre el aumento de seguridad pública tan sólo contaron con un 1% de adhesión.
Penosamente, ni las palabras del presidente Sebastián Piñera ni del Gobernador de la región ayudan a descender la violencia; muy por el contrario, sólo afirman que su gobierno continúa incrementando su crisis política y recurren al ejercicio de la violencia para intentar aumentar su adhesión popular. Lo peor de esta estrategia: siembran nuevas semillas de violencia que a futuro retornará con mayores grados. Esto último fue lo que expresó la Machi Francisca Linconao, junto a los constituyentes en su punto de prensa: “¡Basta ya!, eso no puede seguir, que retire los milicos, que entienda, Piñera, por favor”.
Fernando Pairican
Doctor en Historia, posdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas (CIIR) y Académico de la Universidad de Santiago de Chile.
Docente y consejero del Instituto Plurinacional de la Universidad Abierta de Recoleta
