Es una injusticia supina que el régimen centralista de Chile siga comprando carísimos buses eléctricos sólo para Santiago, mientras aún no existen planes integrados de transporte con tarjeta BIP para la intermodalidad en base a corredores de buses en las regiones altamente contaminadas ni tampoco un plan relevante de descontaminación financiado en el centro sur, además de Coyhaique y Calama, lo que irrita por la desidia y porque existen soluciones pragmáticas y eficientes ‘made in Chile’.

Así como la pandemia demostró que la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Concepción con Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) podían construir ventiladores mecánicos con alta tecnología, el tradicional consorcio que moviliza a los mineros de El Teniente se alió con un grupo de ingenieros jóvenes de la Universidad Católica inspirados en la economía circular y hace más de un año construyó los primeros buses eléctricos con baterías de litio que han funcionado con calidad y eficacia al interior de dicha mina. Su diseño cumplió con todas las exigencias técnicas y costó la mitad del precio de un bus importado, al combinar la reutilización de buses dados de baja a los cuales se les cambia todo el sistema de energía. En vez de concentrar los recursos en Santiago se debe pasar a una política eficaz que involucre la colaboración del gobierno central, gobiernos regionales, municipios y las asociaciones de buses locales. Los Gobiernos Regionales y su nueva División de Infraestructura y Transporte ya debieran tener alternativas viables y usar adecuadamente los fondos compensatorios por el megasubsidio al Transantiago.

Las mismas normas e inversión se deben dar por parejo en la Región Metropolitana y en todas las regiones. Buses nuevos articulados grandes se justifican en horas punta de troncales de vías estructurantes de zonas metropolitanas -Alameda en Santiago, eje Paicaví en Concepción, Avenida Alemania de Temuco, Machalí al Hospital Regional en Rancagua-. Pero Chile tiene cien comunas altamente urbanizadas y decenas de agrópolis con áreas de alta congestión y contaminación que requieren ‘naturalizar’ tanto el uso del transporte público como el derecho a que sea eléctrico, silencioso y verde. Los mismos deben ser parte de sistemas integrados con tarjeta BIP con trenes de cercanías en zonas altamente contaminadas como las ciudades del centro sur: Talca, el eje Victoria-Temuco-Padre Las Casas, la zona de Mostazal a Chimbarongo, las que además claman por un Metrohiggins como el Merval o el Biotren ante la lentitud de la centralizada Empresa de Ferrocarriles del Estado. Hoy, la estación de Rengo es un fantasma, en circunstancias que hace una década se tenía acceso al tren. Hablamos de una ciudad de sesenta mil habitantes.

El Ministerio del ramo los aprobó de manera experimental, ministros lo han usado, pero la Contraloría General de la República lleva meses sin aprobar este modelo de buses eléctricos reconvertidos. La misma Contraloría que hemos felicitado por su celeridad en castigar el saqueo de cerros con bosque esclerófilo por palteros que expanden sus monocultivos en pendientes altas fuera de la ley, se acerca al concepto de omisión lesiva al demorar esta aprobación clave para que municipios, líneas de buses y gobiernos regionales pacten un buen uso de los fondos compensatorios del Transantiago con la promoción de esta opción que acerca el valor de los taxibuses a litio a los ciento veinte millones de pesos versus el doble de uno nuevo. Los sistemas de tranvías de Boston o Berlín modernizan carros de más de medio siglo con miras a alcanzar una economía circular y la responsabilidad ambiental.

Con el precio del cobre a cuatro dólares y la presión que haremos por la ley de rentas regionales, es de justicia que los regionalistas, de la mano con una Federación de Gobiernos Regionales tras las elecciones de gobernadores/as, actuemos con urgencia y que el Estado central pacte licitaciones de energía para una movilidad decente y no contaminante, articulada con ciclovías de calidad y el derecho a combinar recorridos, lo cual no puede ser sólo un privilegio santiaguino.

O’Higgins tuvo la fábrica de la FIAT y Rancagua tuvo un tranvía desde la calle O’ Carrol desde inicios del siglo XX. Hoy es posible una solución eficiente y ecológicamente consecuente, en vez de llenar de chatarra el país con buses en buen estado. Es hora de actuar y dejar de contentarnos con que lo haremos a futuro; es hora de aprender de Curitiba y generar una gobernanza colaborativa GORE con los municipios y transportistas.

Tras medio siglo, en abril de este año, se inaugurará una fábrica de transporte eléctrico en Rancagua, dando valor al litio y al cobre. Esperamos que no sea sólo para la Gran Minería y que se pueda pactar con nuestros transportistas de toda la vida en un esfuerzo común para que la transformación que necesitamos se dé aquí y ahora. Con este emprendimiento, se puede crear un verdadero mercado verde en movilidad, como felizmente ocurrió con las ERNC, lo cual apoyaría, por lo demás, la industria nacional y los clústeres de servicios, requiriendo una reconversión masiva de buses a pactar con nuestros pequeños y medianos transportistas de siempre.

Esteban Valenzuela
Doctor en Historia.
Académico Universidad de Concepción
Consejero del Instituto de Gobiernos Locales de la Universidad Abierta de Recoleta